Las personas que se estén formando en empresas u organismos tendrán derecho a la compensación de gastos y a contar con un plan individualizado y un tutor.
El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral. El texto regula las prácticas formativas en empresas, instituciones y organismos públicos o privados.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recalcado la importancia de regular las condiciones de "los mal llamados becarios o becarias", que a menudo se han estado formando "sin ningún derecho". Este colectivo suma más de 1.655.000 personas en España; el 56% de ellas son mujeres y el 22% superan los 30 años. "Aproximadamente, una de cada diez personas asalariadas en nuestro país está en esta situación, no son una anécdota", ha señalado Yolanda Díaz.
La titular de Trabajo ha agradecido el diálogo con los agentes sociales, así como las aportaciones de las comunidades autónomas y de todos los actores implicados en la materia. En el diseño de la norma también ha participado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Delimitación de las prácticas formativas y nuevos derechos
El Estatuto, según ha explicado Díaz, delimita claramente en qué consiste esta formación, que "tiene que estar destinada sencillamente a aprender y a nada más, a formarse y no a sustituir a personas trabajadoras o a relaciones laborales en las empresas". Además, se establece que toda la actividad que exceda el plan de formación se considerará una relación laboral ordinaria.
El texto recoge, igualmente, las obligaciones de las empresas y las administraciones públicas donde se lleven a cabo estas prácticas, así como los derechos y los deberes de las personas que se estén formando.
La vicepresidenta segunda ha destacado el derecho de estas personas a que se las compense por los gastos ocasionados por la formación, como los de desplazamiento o los de alimentación. Además, deberán contar con un plan de formación exhaustivo y un tutor; cada uno de estos responsables no podrá tener a su cargo a más de cinco personas, con carácter general.
Entre las prohibiciones, el Estatuto recoge la de pagar para recibir formación y la de segregar a las personas que se están formando de los espacios que componen el ambiente laboral, como las salas de descanso o los comedores. Además, el texto limita la formación a distancia al 50% y excluye la formación en trabajos nocturnos o a turnos.
La vicepresidenta segunda ha recalcado que estas personas se encuentran, además, protegidas por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho a un entorno laboral libre de violencia y acoso, y por el hecho de que, desde el 1 de enero de 2024, los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas están incluidos en el sistema de la Seguridad Social.
Finalmente, el texto incrementa las sanciones en caso de infracción hasta los 225.000 euros.
"Volvemos a hacer algo clave: mejorar la vida de nuestro país", ha sostenido la ministra de Trabajo y Economía Social. Yolanda Díaz ha recordado que hace casi cuatro años se aprobó la reforma laboral que ha llevado a España al récord de ocupados y a liderar la creación de puestos de trabajo en la Unión Europea, con empleo de mayor calidad, además. El Estatuto impulsado hoy -ha añadido- "es la reforma laboral para las nuevas generaciones".
La moncloa
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