El Gobierno inicia el proceso para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución

El Gobierno ha activado, además, el procedimiento para que todas las comunidades autónomas cumplan la obligación de contar con un registro de objetores respecto a ese derecho de las mujeres.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha precisado que se añadirá a la Carta Magna el artículo 43.4 con este texto: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

Redondo ha añadido que se reconocerá así una garantía prestacional: "Estamos garantizando los derechos de las mujeres a la libre interrupción del embarazo como una prestación que tiene que ser satisfecha dentro del sistema sanitario público".

La titular de Igualdad ha argumentado que la decisión adoptada hoy responde a la ola reaccionaria, tanto nacional como internacional, que pretende recortar los derechos de las mujeres y devolverlas a situaciones pasadas, a momentos superados donde la mujer tenía que ejercer determinados roles ligados a una tradición patriarcal y machista. "Los derechos de las mujeres están en el foco de la ola reaccionaria, son el objeto directo de los recortes y, por eso, es importante avanzar", ha señalado.

La ministra ha remarcado que otro objetivo de la reforma es fortalecer la sanidad pública, ya que se incorpora este derecho en el marco del artículo 43 de la Constitución, vinculado al derecho a la salud y al sistema público sanitario. En determinadas comunidades autónomas, ha subrayado, se está reduciendo la calidad del servicio público de salud y se está apostando claramente por una privatización y por una externalización de servicios que afectan específicamente a la interrupción voluntaria del embarazo. "Queremos garantizar, dentro de la cartera pública de servicios, la interrupción voluntaria del embarazo y, por lo tanto, hacer que este derecho se preste en la sanidad pública", ha remarcado.

Ana Redondo ha reiterado que el Gobierno no va a tolerar recortes ni retrocesos de derechos y tomará todas las medidas necesarias para que no se produzcan en el presente ni el futuro.

En este sentido, la ministra ha repasado la lucha de las mujeres en su reivindicación histórica de decidir sobre su propio cuerpo y ha recordado que celebramos 50 años de España en libertad y el 40 aniversario de la primera ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Tramitación de la reforma del articulo 43 de la Constitución

La reforma se tramitará mediante el procedimiento contemplado en el artículo 167 de la Constitución y requerirá un informe del Consejo de Estado y la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, según ha explicado la ministra. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. La aprobación requeriría entonces dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Ana Redondo también ha recordado que existe la posibilidad de convocar un referéndum de ratificación si lo solicita una décima parte de los diputados o senadores.

La ministra ha reclamado a los partidos de la oposición que estén a la altura de este reto y se sumen a la defensa de los derechos de las mujeres: "Haremos una labor pedagógica de informar y explicar el proyecto. Nos reuniremos con todo el arco parlamentario".

"Una inmensa mayoría de la ciudadanía española está por esta reforma constitucional y lo que pretendemos es trasladar esa mayoría amplia social a la mayoría institucional, a la mayoría parlamentaria, que es la que tiene que avalar esta reforma. Vamos a trabajar sin tregua, sin pausa", ha concluido.

Registro de objetores de la interrupción voluntaria del embarazo

El Consejo de Ministros ha abordado la obligación de las comunidades autónomas de contar con un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el Ejecutivo va a plantear un requerimiento formal a las tres comunidades que no cumplen con ese mandato de la ley orgánica sobre la salud sexual y reproductiva. "La ley se cumple, punto", ha afirmado.

El registro, según ha detallado la titular de Sanidad, no es algo opcional ni una "ocurrencia", sino una obligación legal y una herramienta esencial para garantizar que los derechos de los y las profesionales sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, seguridad y respeto.

Mónica García ha recordado que el 16 de diciembre de 2024 el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó, con el voto favorable de todas las comunidades autónomas, el protocolo del registro de objetores que desarrolla lo previsto en la ley. El acta de esa reunión fue aprobada y firmada el 4 de abril de 2025, y Sanidad ha realizado desde entonces un seguimiento exhaustivo de la implantación del registro a través de la Alta Inspección del SNS.

Un mes de plazo para contestar al requerimiento del Gobierno

Según ha indicado la ministra, la "inmensa mayoría" de las comunidades ha cumplido la obligación o la están tramitando; las excepciones son Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid. "Son tres comunidades que no han hecho nada, pero solo la Comunidad de Madrid ha sido explícita en su incumplimiento de la ley", ha precisado Mónica García. La ministra ha apuntado que la comunidad madrileña sí respeta la ley en lo relativo al registro de conciencia en materia de eutanasia. "Es un procedimiento normal dentro de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema sanitario", ha defendido.

Las tres comunidades disponen de un mes para responder al requerimiento del Gobierno y dejar de incumplir la ley. Transcurrido ese plazo, el Ejecutivo cuenta con dos meses para acudir a los tribunales y plantear un recurso contencioso-administrativo.

La titular de Sanidad ha subrayado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional configura la objeción de conciencia como un procedimiento activo e individual. "Saltarse este procedimiento no solamente vulnera los derechos de las mujeres, sino también los derechos de los profesionales que quieren ejercer de manera activa e individual su derecho a la objeción", ha sostenido.

Más terrenos para construir viviendas públicas

El Consejo de Ministros ha autorizado incorporar a la Entidad Estatal de Vivienda ocho infraestructuras y terrenos penitenciarios propiedad hasta ahora del Ministerio del Interior. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha enmarcado este acuerdo en el compromiso del Ejecutivo de emplear todos los recursos del Estado para garantizar el derecho a la vivienda. "Nuestro objetivo es tener cuanto antes el parque público de vivienda que garantice ese derecho", ha destacado.