Ecologistas en Acción cuestiona la modificación del Plan General de Mazarrón y Urbanismo defiende su objetivo

La modificación número 80 del Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón ha abierto un enfrentamiento entre Ecologistas en Acción y la Concejalía de Urbanismo. La organización ecologista considera que la reforma puede tener consecuencias relevantes sobre el conjunto del suelo no urbanizable del municipio y reclama revisar el procedimiento ambiental. El Ayuntamiento, por su parte, niega que la propuesta pretenda facilitar la llegada de industrias peligrosas y asegura que su finalidad es reforzar las restricciones y la protección de la población.

El debate se centra en una modificación cuyo avance recibió el visto bueno del Pleno municipal el 28 de julio y que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el 10 de agosto. Ese acuerdo no supone la aprobación definitiva de los cambios, sino el inicio de una tramitación en la que deben estudiarse las aportaciones y los controles correspondientes.

Ecologistas en Acción pide una evaluación ambiental más exhaustiva

En las alegaciones presentadas, Ecologistas en Acción cuestiona que el expediente se tramite mediante una evaluación ambiental simplificada. La entidad sostiene que la modificación afecta a todo el suelo no urbanizable de Mazarrón, una superficie que cifra en 31.870 hectáreas, y considera que su alcance exige un análisis ambiental ordinario.

El colectivo también señala una discrepancia en la documentación urbanística: el expediente recoge una superficie afectada de 70.975,75 hectáreas, más del doble de la extensión municipal que la propia organización toma como referencia. Para Ecologistas en Acción, esta diferencia evidencia deficiencias que deberían aclararse antes de continuar con la tramitación.

Otro de los motivos de preocupación es la regulación de los usos industriales extensivos. Según las alegaciones, entre las actividades contempladas figuran la fabricación de cemento, las instalaciones nucleares y radiactivas, el almacenamiento de productos petroquímicos, la manipulación de explosivos y el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos. También se incluyen plantas de biogás destinadas al tratamiento de residuos agropecuarios.

La organización considera insuficiente la valoración de los posibles efectos sobre el entorno y reclama estudiar con mayor rigor las distancias de seguridad respecto a viviendas, centros educativos y establecimientos asistenciales.

Urbanismo niega que la modificación facilite industrias peligrosas

La Concejalía de Urbanismo sostiene una interpretación distinta del propósito de la reforma. El departamento municipal afirma que la modificación busca establecer condiciones más estrictas para las actividades potencialmente contaminantes, especialmente cuando puedan situarse cerca de viviendas, colegios, centros sanitarios u otros espacios sensibles.

El concejal de Urbanismo, Jesús García Vivancos, rechaza que el Ayuntamiento esté impulsando la iniciativa para atraer instalaciones peligrosas. Según defiende, el objetivo es aumentar las garantías de protección del municipio y de sus habitantes.

El área municipal recalca que el acuerdo plenario de julio se limitó al avance de la modificación y que todavía no se ha aprobado definitivamente ningún cambio urbanístico que autorice nuevas instalaciones de este tipo. La propuesta debe continuar su recorrido administrativo y someterse a los controles técnicos, jurídicos y ambientales que correspondan.

El Ayuntamiento estudiará las alegaciones

Respecto a las objeciones presentadas por Ecologistas en Acción, Urbanismo asegura que serán examinadas y recibirán respuesta conforme a los criterios técnicos y jurídicos aplicables. La Concejalía considera que las alegaciones forman parte legítima del proceso de participación pública, aunque discrepa de la interpretación que hace el colectivo sobre las consecuencias de la reforma.

El Ayuntamiento también recuerda que incluir una actividad industrial entre los usos regulados por el planeamiento no equivale a conceder permiso para instalarla. Cualquier proyecto deberá obtener las autorizaciones ambientales, industriales y sectoriales que sean necesarias.

La Concejalía defiende que la revisión de la normativa pretende establecer reglas más claras para compatibilizar la actividad económica con la seguridad, la conservación ambiental y la calidad de vida. García Vivancos afirma que el Consistorio está dispuesto a valorar propuestas que mejoren el documento durante su tramitación.